. . . por eberda . . .
La obligación de prestar seguridad a los ciudadanos es del Estado. Esta misión normada no es una opción ni una tarea pública subsidiaria, es una responsabilidad de origen. Hoy es muy pertinente recordar y puntualizarlo, precisamente, cuando parte del territorio de la nación es asolado una y otra vez, por acciones terroristas de bandas armadas que asesinan personas pacíficas (caso de Luchsinger-Mackay en Vilcún), queman sus hogares, los enseres y equipos de trabajo, iglesias y cualquier instalación que consideren parte del establishment de nuestra sociedad. Lo último ha sido un ataque masivo a flotas de camiones en sus recintos cerrados de aparcaderos, como ocurrió hace un par de días en el atentado incendiario a 29 camiones en San José de la Mariquina, en el Sur de Chile.
Todas las acciones de violencia terrorista ha tenido como reacción de las autoridades del Estado, la misma recurrente expresión : «condenamos de manera tajante estas acciones y nos querellaremos contra todos quienes resulten responsables de estos actos de delincuentes y violentistas«.
Con esta retórica falaz, rara vez tiene resultado efectivo identificar a los criminales terroristas, porque las policías inhibidas de ejercer fuerza en su cometido por los gobiernos, terminan en los hechos con la autoridad política RENUNCIANDO definitivamente a cumplir la OBLIGACIÓN que le impone la Constitución.
La argucia política de inconfesables intereses ideológicos atenta con las bases mismas de la nación y sociedad chilena, generando primero un desánimo en los organismos de seguridad del Estado, los cuales se omiten de arriesgar mas allá de la formalidad mínima de sus trabajos, al verse usando balines de goma frente a terroristas armados, o cuando constatan que el sistema de justicia y los tribunales liberan a cualquier detenido por estos actos; y en seguida una desesperación de la población que sufre atentados, donde unos optan por armarse, buscando la defensa propia ante el crimen y el terror de la violencia o definitivamente abandonan las actividades de producción e incluso emigran de la región. En ambas situaciones los actores sociales asumen una condición de sobrevivencia atroz, una vida sin expectativas, indigna de una república con supuesto estado de derecho. En su país no se les garantiza el mínimo de condición para desarrollarse y trabajar en paz, por el contrario, viven la vergüenza oculta de considerarse ciudadanos de segunda categoría coaccionados por un Estado, incapaz, indolente o cómplice. Sin duda, para ellos Chile tiene un Estado basura.
Por esto les invito a leer el siguiente artículo de la prensa española La Gaceta, donde de un modo mas sofisticado acontece un conflicto de interés político de características semejantes, que es pertinente para los chilenos y debe ayudarnos a reflexionar, hacia donde se encamina el actuar de autoridades y políticos inescrupulosos, y a lo que puede llegar el terrorismo, si dejamos que esto continúe.
EBC.
España, Estado basura . . . [ por José Javier Esparza ]
La existencia del Estado se justifica por dos cosas muy estrechamente relacionadas. La primera es su capacidad para imponer una autoridad comúnmente reconocida como legítima; si no es capaz de imponer esa autoridad, entonces ese Estado se quiebra. La segunda es su capacidad para proteger a los ciudadanos, que es la sustancia material de la legitimidad; si el Estado no es capaz de dar protección, entonces su legitimidad se desvanece en una mera nube retórica. Hoy, en España, el Estado se ha desmoronado en los dos aspectos. Los sucesos de Barcelona, desde el atentado del 17 de agosto hasta la manifestación del día 26, han puesto de manifiesto que el Estado no es capaz de proteger ni de imponer su autoridad.
Empecemos por el principio: los atentados, sus causas y sus consecuencias. El discurso institucional se ha aplicado a propalar que un ataque así es inevitable, que la seguridad en España es excelente y que las diversas policías del Estado han dado un supremo ejemplo de colaboración. Pues bien, todo eso es simplemente falso. La retórica oficial insiste machaconamente en el eslogan de la “unidad contra el terrorismo” y trata de eludir cualquier crítica a la actuación de las fuerzas de seguridad, como si el examen de la acción policial fuera una censura personal a los agentes. De esta manera se veta el análisis objetivo y se impone un tono emocional donde toda racionalidad queda proscrita. Pero en realidad semejante argucia retórica no tiene por objeto proteger a los agentes ni, aún menos, a la sociedad, sino eximir de responsabilidad a los políticos que dirigen la seguridad nacional. Ellos saben bien que su legitimidad queda reducida al mínimo si se pone en cuestión su capacidad para proteger a los ciudadanos.
Terrorismo : . . . el poder tambien es responsable.
Es necesario insistir en este punto, crucial, para calibrar adecuadamente la crisis de nuestro Estado. El poder, por definición, se justifica por su capacidad para dar protección. Un poder que se manifiesta incapaz de proteger a sus ciudadanos pierde necesariamente toda legitimidad (Schmitt). Los ciudadanos entregamos al Estado el monopolio legal de la violencia (Weber) para que nos proteja; si no es capaz de hacerlo, entonces no tiene derecho a poseer tal monopolio. Los servidores públicos merecen todo nuestro respeto y apoyo, pero no carecen de responsabilidad, en el sentido literal del término: han de responder de lo que hacen con ese poder que les hemos entregado. Conviene recordar todas estas cosas, que son el abecé de la política, para poner un poco de racionalidad en el coro de fervorines emocionales tras el que el poder oculta sus insuficiencias.
Si un poder local decide estimular la inmigración musulmana por motivos étnicos para “desespañolizar”, como ha hecho desde hace años el gobierno autónomo catalán, sin prevenir las posibles consecuencias negativas de esa política, entonces ese poder local es responsable.
Si un juez decide revocar una orden de expulsión contra un delincuente, como hizo el magistrado De la Rubia con el imán Abdelbaki es Satty, y después ese delincuente vuelve a delinquir, entonces ese juez es responsable.
Si un municipio recibe la instrucción de colocar obstáculos en la vía pública para dificultar atentados con vehículos-ariete, pero el tal municipio se llama a andanas, como ha hecho la alcaldesa Colau en Barcelona, entonces ese Ayuntamiento es responsable.
Si unos terroristas ocupan ilegalmente una casa ajena y nadie les molesta lo más mínimo por el allanamiento, como ha ocurrido con el chalé de Alcanar que servía de base a los terroristas, entonces las autoridades que han de proteger la propiedad son responsables.
Si un cuerpo de policía recibe el aviso de que cierto imán es peligroso y resuelve hacer oídos sordos, como hicieron los Mossos con el aviso belga acerca de Abdelbaki es Satty, entonces ese cuerpo de policía es responsable.
Si una jueza sospecha que una explosión puede esconder actividades terroristas pero un cuerpo de policía la disuade de investigar, como hicieron los Mossos con la sugerencia de la juez Sonia Nuez tras la explosión de Alcanar (“señoría, no exagere”), entonces ese cuerpo de policía es responsable.
Si hay cargos públicos que se ganan la vida como abogados de yihadistas, cual ocurre con relevantes miembros de la CUP y de Podemos en Cataluña, entonces esos cargos públicos son responsables.
Añadamos algo más, porque aquí nadie se libra de la quema: si un Gobierno que posee las competencias exclusivas en materia de seguridad pública, y más en un asunto como el terrorismo (tal es el caso del Gobierno de España), decide delegar esas funciones en otra instancia que se manifiesta ineficaz, entonces ese Gobierno también es responsable.
Los atentados de Cataluña habrían sido imposibles sin la descabellada política de inmigración de la Generalidad, sin la llamativa indulgencia de un juez concreto, sin el activismo pro islamista de relevantes cargos públicos de la izquierda catalana, sin la negligencia del Ayuntamiento de Barcelona en materia de seguridad, sin la ensoberbecida actitud de la policía autonómica catalana en materia terrorista, sin la renuncia del Gobierno de España a mantener bajo su control la seguridad pública en Cataluña. En términos racionales, lo lógico sería esperar dimisiones, rectificaciones, explicaciones públicas. Pero no, al revés: lo que hemos visto es un sorprendente cierre de filas de la clase política y los medios del sistema en torno a quienes tienen la responsabilidad directa de la gestión. Dicho de otro modo: la democracia española consiste en que el poder falla y el pueblo debe aplaudir. Porque, si no aplaudes, no eres “demócrata”.
La vergüenza nacional
El aplauso por antonomasia era el que el poder debía tributarse a sí mismo en Barcelona el sábado 26 de agosto, en la manifestación “por la unidad” contra el terrorismo. Operación clásica de legitimación de la autoridad por aclamación. Y bien, aquí es donde el Estado que nos aflige ha llegado al extremo de la humillación última, de la suprema vergüenza. Va a quedar para la Historia esa imagen del jefe del Estado y del jefe del Gobierno componiendo gesto de circunstancias bajo una marea de banderas separatistas, de gargantas aullando improperios contra el Estado y contra el Gobierno, de una muchedumbre a sueldo (público) hostigando a los representantes del poder nacional (público) bajo la bendición de otro poder regional (no menos público). Un poder regional en abierto proceso de rebelión se permite el lujo de utilizar una masacre para reivindicarse frente a un poder nacional en plena quiebra. ¿Pero de verdad no os dais cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo va a ser Estado alguno capaz de proteger a sus ciudadanos frente al terror cuando es incapaz de imponer su autoridad en el interior de sus propias estructuras?
“Las afrentas de algunos no las hemos escuchado”, dijo muy digno el presidente Rajoy. Oh, sí: flagelemos al enemigo con el látigo de nuestra indiferencia. Si una potencia extranjera invade mañana el territorio nacional, hagamos lo mismo: ignorémosla desdeñosos, para que el invasor sufra. Hay pocas cosas más patéticas que la cobardía disfrazada de altanería. Pero sobre todo: un jefe de Gobierno no tiene derecho a moverse por el mundo con ese aire de doncella ofendida. No tiene derecho porque ese hombre no es Mariano Rajoy Brey, registrador de la propiedad en excedencia, sino un presidente de Gobierno que representa a millones de ciudadanos, todos y cada uno de los cuales exigen y esperan que ese señor defienda su dignidad colectiva, porque para eso le pagan. Si un presidente del Gobierno no es capaz de entender eso, si no tiene el aliento suficiente para imponer la autoridad del Estado, entonces debe dimitir. Vale lo mismo, por cierto, para el rey Felipe, cuya única función en la vida consiste en encarnar materialmente la unidad nacional y cuya existencia pública no tiene otra justificación que asegurar la continuidad histórica de España a través de una determinada forma de Estado. Ese señor tan alto y distinguido no es Felipe de Borbón y Grecia, esposo de la señora Ortiz Rocasolano y rico por su casa, sino una Corona que representa a millones de españoles de ayer, hoy y mañana. Si el rey tampoco es capaz de hacer valer su calidad pública, entonces más le valdría abdicar. El peso de la púrpura consiste precisamente en eso. Si vuestras espaldas flaquean, dejad la púrpura a otros.
Volvamos a la racionalidad política. Ha habido dieciséis muertos y varias decenas de heridos. Podía haber sido mucho peor, y si la catástrofe no se ha multiplicado no ha sido por mérito de las fuerzas de seguridad, sino por errores de los criminales. Todo eso ha sucedido en una región formalmente declarada en rebeldía que ha cometido gravísimos errores en la gestión de la seguridad pública, ante la pasividad de un Estado que tampoco ha cumplido adecuadamente sus funciones y que después se ha dejado escupir por los separatistas. Los cantos a la unidad están muy bien, pero a los muertos nadie va a devolverles la vida y a la nación tampoco. ¿De verdad preferimos creer que basta con cerrar los ojos para que el problema desaparezca?
España no es una nación basura: tenemos una historia prodigiosa, somos –como dice Luis Suárez- una de las cinco naciones que han construido la Historia Universal y hemos dejado una huella indeleble. Pero una nación no sobrevive sólo por su Historia. España tampoco es una sociedad basura: padecemos el mismo proceso de degeneración y domesticación que el resto de Europa occidental, pero el país está lleno de gente inteligente, creativa y dinámica, capaz de hacer cosas extraordinarias en la técnica, las artes o las ciencias. Pero una nación no sobrevive sólo por la calidad individual de sus gentes. Por el contrario, esa nación de historia extraordinaria y sociedad dinámica se ha dotado de un Estado ineficiente, oneroso y, al cabo, impotente, incapaz de asegurar sus funciones esenciales de imponer su autoridad y proteger a sus ciudadanos. En definitiva, un Estado basura. Y si alguien lo duda aún, que vuelva mirar la foto de la manifestación trampa de Barcelona.
Ortega cerraba su famoso artículo sobre El error Berenguer con una frase que hoy vuelve a sonar familiar: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. El eterno retorno de lo idéntico.
https://gaceta.es/espana/espana-estado-basura-atentado-barcelona-manifestacion-20170828-1236/
Hemos renunciado demasiadas veces a la transparencia por la falta de compromiso cívico, a la honestidad por la hipocresía social, a la libertad individual por el paternalismo de un Estado corrompido por nuestra propia levedad, en fin, ya es hora de no seguir permitiendo que nuestra inferioridad económica -aquella de la que hablaba Encina- continúe ganándole a nuestra voluntad de construir un mejor país, con menos precariedad y mayor certeza, donde los esfuerzos de cada familia usando bien los recursos del territorio, nos permita ser mas felices en proporción de capacidades, trabajo y responsabilidad.
Nada de eso asoma hoy. El desamparo es total. La Presidenta y su gobierno demoran las decisiones y se distraen en pequeñeces, al punto que la gente deposita sus esperanzas en un avión traído desde EE.UU. por iniciativa de una chilena particular. De manera increíble, el gobierno parece haber abdicado de sus responsabilidades. Ayer, de visita a la zona arrasada por los incendios, la Mandataria admitió que hay una “sensación de descontrol que afecta a todos”. 
Manuel Viera, Dir. Ing. en Minas de UDLA
Por ello, los desafíos que enfrenta la industria minera chilena se relacionan con los cambios de paradigmas del capital intelectual y la necesidad de sensibilizar a la clase política sobre la importancia de explotar racionalmente y con sentido social y planetario nuestros recursos naturales no renovables, lo cual exige mejores políticas públicas y mineras, mayor fomento a la inversión en exploración geológica y una agresiva política de industrialización de nuestros recursos naturales.
TEJIENDO REDES_ uniendo gentes 